Se pronuncian diputados por reactivar educación presencial

Se pronuncian diputados por reactivar educación presencial

Se requiere urgentemente planear y pensar en el regreso de los estudiantes a las escuelas, ya que un niño no se forma y no se educa integralmente en la casa: Fermín Trujillo Fuentes

Hermosillo, Sonora. – Ante la reanudación de actividades cotidianas en esta nueva normalidad, derivada del semáforo amarillo por la contingencia del COVID-19, los integrantes de la LXII Legislatura se pronunciaron porque las autoridades prevean, con la mayor cautela e información de salud, la educación presencial en las escuelas del Estado.

Mediante Acuerdo con exhorto dirigido tanto a la Gobernadora del Estado como al titular de la Secretaría de Educación y Cultura, los legisladores locales les piden considerar que se sume a la estrategia implementada en este ciclo escolar 2020-2021, una instancia o jornada para mayor difusión y atención de dudas y problemáticas que se presenten, principalmente de grupos vulnerables y de quienes aún tienen dificultad para acceder a la educación en las alternativas presentadas.

Esta iniciativa con punto de Acuerdo la presentó la diputada María Magdalena Uribe Peña, quien expuso ante el Pleno que muchas actividades laborales y recreativas se han programado para brindar servicios, como tiendas, gimnasios y cines, excepto la educación.

“En este contexto, todo Sonora se reactiva ante la nueva normalidad, con excepción de la educación, motivo por el cual considero importante y oportuno, en el presente exhorto para el Gobierno del Estado, ir previendo esta observación que ya se hace de esta situación con la mayor cautela e información de salud, por el cuidado de nuestra niñez y juventud de Sonora”, aseveró.

En Sonora, con el inicio del ciclo escolar 2020-2021 en el nivel básico, el cual con motivo de la contingencia generada por el COVID-19 se realiza “a distancia”, es un reto muy difícil por ser una situación que nunca se había vivido, y aunque la estrategia implementada por la SEC inició en tiempo y forma el 24 de agosto, desde su inicio se han presentado dudas y diversas problemáticas, tanto por familias de los estudiantes como por los mismos docentes, dijo Uribe Peña.

La propuesta recibió el apoyo en el Pleno de diversos legisladores. El diputado Filemón Ortega Quintos sostuvo que se trata de algo que ha escuchado de viva voz y los reclamos en su distrito por fallas en la señal para las clases virtuales son constantes, de manera que la postura manifestada en el Acuerdo debe tomarse positivamente y llegar a la población en general.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes afirmó que se requiere urgentemente planear y pensar en el regreso de los estudiantes a las escuelas, ya que un niño no se forma y no se educa integralmente en la casa, además de que las madres de familia y los maestros están inquietos, mientras al estudiante se le deja incompleto en su formación porque no convive, no se relaciona y porque lo que lo educa es esa diversidad.

“Estamos obligados como Congreso a pensar en el regreso; no está diciendo la diputada ni yo que ya lo hagamos, pero cuando ya tengamos que tomar la decisión, ¿no tenemos los recursos allá?, ese será un tema delicado a revisar para ver cómo sí los niños regresen a su educación, a su escuela. Ese es el compromiso profundo de los tres últimos tres renglones de un punto de Acuerdo que nos parece sumamente importante”, externó.

También hicieron uso de la voz para apoyar la iniciativa, las diputadas Gricelda Lorena Soto Almada y María Alicia Gaytán Sánchez, así como los diputados Miguel Ángel Chaira Ortiz, Rodolfo Lizárraga Arellano, Lázaro Espinoza Mendívil y Carlos Navarrete Aguirre.

Espinoza Mendívil propuso y fue aprobado, adicionar al Acuerdo un segundo punto que dice lo siguiente: “Que el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, mantenga los recursos que fueron aprobados por este H. Congreso en el paquete presupuestal 2020, con el objeto de que pueda hacer frente a todas las adversidades educativas que se están suscitando”.

Una nueva Ley de ciencia, tecnología e innovación aprobó el Pleno de la LXII Legislatura, normatividad que se considera de vanguardia en la materia porque toma en consideración las condiciones que prevalecen en los campos científico y tecnológico en el Estado, para atender las necesidades reales que demandan los sonorenses.

Con la entrada en vigor de esta norma jurídica, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, quedará abrogada la Ley 78, de fomento a la innovación y al desarrollo científico y tecnológico del Estado de Sonora, aprobada en 2007.

La Comisión de Ciencia y Tecnología presentó en segunda lectura el dictamen basado en una iniciativa de la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, quien dio a conocer se trata de una legislación más acorde a la realidad que se vive en el Estado, por tomar en consideración más de una década de desarrollo que han vivido los sonorenses en esta materia.

Responde asimismo al precepto establecido en el párrafo décimo segundo del Artículo 3° de la Constitución Federal, el cual dispone que los planes y programas de estudio que se imparten en todas las escuelas del país y de las entidades federativas, deben incluir, entre otros elementos, el conocimiento de las ciencias, la tecnología y la innovación, con lo que la Carta Magna reconoce que este tipo de conocimientos forman parte indisoluble del derecho humano a la educación.

Otro de los considerandos establece que las disposiciones que fueron puestas a la consideración de los integrantes de esta Comisión de Ciencia y Tecnología, a través de la iniciativa materia del dictamen, fueron debidamente analizadas por diversos investigadores del COECYT, del Instituto Tecnológico de Guaymas, de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, del Colegio de Oceanólogos, de El Colegio de Sonora, de la Universidad Estatal de Sonora, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., y de la Universidad de Sonora.

La dictaminadora consideró muy valiosas dichas aportaciones, ya que enriquecieron el proyecto de ley, lo que da certeza a los diputados que la integran de que se trata de un resolutivo positivo que fue debidamente socializado. La Ley consta de 68 artículos, divididos en seis títulos con sus respectivos capítulos.

El Pleno también aprobó un Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de darle certeza a los resolutivos emanados del Poder Legislativo, de acuerdo al dictamen que se fundamentó en la iniciativa que el diputado Martín Matrecitos Flores presentó el 23 de octubre de 2018.

Cuando se trate de reglamentos de leyes, el titular del Ejecutivo deberá de expediros y publicarlos dentro de un plazo de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley que corresponda, dicho plazo podrá ser ampliado hasta por otros noventa días naturales o más si la naturaleza de la reglamentación lo requiere, mediante acuerdo del titular del Ejecutivo del Estado, el cual deberá justificar las razones de su ampliación y ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Matrecitos Flores expuso que, al establecer un plazo en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, no se deja al arbitrio y discrecionalidad de éste dicha función, y en los transitorios del Decreto se establece el plazo para la emisión de las disposiciones reglamentarias que deba emitir.

“Además de ser considerada una acción positiva en favor del gobernado, trayendo certeza legal y prontitud en el ejercicio de los derechos contenidos en las normas aprobadas por el Poder Legislativo, se evita la demora por parte del Ejecutivo estatal en la aprobación de los reglamentos que son de su competencia”, agregó.

En el desarrollo de la sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve exhortar al titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, a que dentro de sus atribuciones emita una nueva convocatoria de su programa de certificación “Empresas Verdes”.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar explicó que el propósito es aumentar la responsabilidad ambiental empresarial y, a su vez, que las pequeñas y medianas industrias que se dedican a la economía sustentable, se vean beneficiadas por los instrumentos no fiscales contemplados por la Ley de competitividad y desarrollo económico del Estado de Sonora. También presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona dicha legislación con dos objetivos: que aquellas MiPymes verdes que ya se encontraban operando y tenían viabilidad financiera no tengan que detener operaciones por los efectos de la crisis, y que se pueda actuar como un incentivo para aquellas personas físicas o morales que quieran consolidar una empresa verde. Se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.

Otro Acuerdo aprobado por el Pleno legislativo es el que resuelve exhortar a los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de la Dirección de Transporte en el Estado, para que atiendan y resuelvan la problemática que existe entre los transportistas, agricultores del Sur de Sonora y el titular de la Delegación Regional de Transporte en la ciudad Navojoa, Sonora.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño informó que recientemente recibió un escrito firmado por representantes de diversas organizaciones de transportistas y camioneros del Sur del Estado, en el cual manifiestan la falta de libertad para transportar sus productos y de que existe la posibilidad de que la autoridad regional de transporte de Navojoa actúe de manera discrecional.

Explicó que los productores agrícolas sostienen que se violó el Artículo 120 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, el cual establece que mediante arrendamiento o cualquier otra figura que usufructúe la tierra propiedad de terceros, para transportar la cosecha de sus productos, deberán contratar el servicio público concesionado de transporte de carga.

 

Turna Presidencia iniciativas a comisiones dictaminadoras

En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras iniciativas con proyectos de decreto presentadas por diversos legisladores. En primer término, la diputada Miroslava Luján López propuso reformas y adiciones a la Ley de entrega recepción para el Estado de Sonora.

“Dada la próxima conclusión de la administración Estatal 2015-2021, es necesario que contemos con un marco jurídico sólido que permita garantizar precisamente la máxima transparencia en el ejercicio de los recursos públicos del Estado, el estatus actual del patrimonio de las instituciones públicas, así como también para que la entrega recepción se realice de manera ordenada, confiable, oportuna y homogénea, garantizando la continuidad en el servicio público y en los asuntos, programas, proyectos y políticas públicas”, aseveró.

La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Anticorrupción, en forma unida, mientras que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos estudiará la presentada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña afirmó que en Sonora existe la necesidad de regular el actuar de las personas jurídicas con la intención principal de prevenir delitos cometidos por empleados, administradores o representantes de las mismas, y de esta manera mitigar el riesgo y fomentar la cultura de la integridad, por lo que la propuesta va encaminada a imponer deberes a las empresas para que cuenten con un plan de de prevención de delitos actualizado, con el fin de no verse condenadas por los delitos cometidos por sus empleados o directivos.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también estudiará la iniciativa presentada por el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, que tiene por objeto tipificar los delitos cometidos por servidores públicos en la custodia y guarda de documentos.

Enfatizó la importancia de actuar contra servidores públicos que sustraigan, destruyan, alteren, oculten o se impida el acceso a la información financiera de las entidades fiscalizadas requerida por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para dictaminar las cuentas públicas, para lo cual propuso que la pena aumente una mitad más de la que va de uno a cuatro años de prisión, y sin el beneficio de libertad provisional bajo caución.

En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 312 BIS del Código Penal para el Estado de Sonora, para que se castigue con las mismas penas que el delito de abigeato a quien con ánimo de dominio, lucro o uso se apodere de una o más colonias de abejas en un apiario, así como sus productos, total o parcialmente, sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer de los mismos con apego a la Ley.

El diputado Norberto Ortega Torres expuso que el robo de abejas y colmenas se ha incrementado en los últimos años, según informes de dirigentes apícolas, sobre todo en el Sur del Estado, razón por la que busca quede regulado en la legislación punitiva para que se considere dicho robo como abigeato y tenga las mismas consecuencias legales. La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Segunda Comisión de Hacienda estudiará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Sonora, a efecto de que el primer pago en parcialidades por adeudos que se tengan con las autoridades fiscales pase de 30 por ciento, como está actualmente, a diez por ciento.

El diputado Carlos Navarrete Aguirre dijo que lograr bajar ese porcentaje sería de gran apoyo para los ciudadanos, ya que les facilitaría pagar ante la crisis económica actual, pues el 30% del total del adeudo puede representar que muchas personas no puedan llevar alimento suficiente a sus casas o dejar de pagar algún servicio básico.

Antes de la clausura de la sesión, la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada presentó un posicionamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebró el pasado 5 de septiembre.

Agregó que las y los legisladores deben garantizar la protección a los derechos de las mujeres indígenas, y con esto logren avanzar hacia una nueva relación del Estado y los pueblos indígenas, basada en la igualdad y respeto a su enorme tradición cultural.

La Presidencia citó a la próxima sesión ordinaria para este jueves 10 de septiembre, a las 10:00 horas, la cual se realizará de manera virtual (no presencial), como lo establece el Acuerdo aprobado el 7 de septiembre por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP.

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