Hermosillo, Sonora.- El 22 de Noviembre la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Sonora, encabezada por Gildardo Real Ramírez, presentó ante la Procuraduría General de la República en su delegación Sonora, una denuncia contra quién o quienes resulten responsable por los delitos derivados de la investigación sobre la “Operación safiro”.
La asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, documentó y denunció el desvío de recursos en 7 estados del país a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en el caso de Sonora se habla de un desvío de 140 millones de pesos.
Como fracción parlamentaria del PAN, estamos interponiendo una denuncia, ante la PGR contra quien resulte responsable por los delitos que resulten de una investigación que estamos solicitando, derivado de que el día de ayer, nos enteramos por algunos medios de comunicación, de una investigación de este organismo nacional “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, señaló Real Ramírez.
En el sitio web de noticias “Proyecto Puente” se especifica:
— Los especialistas resaltaron que la “Operación safiro” es un proceso de corrupción en el que nos muestran cómo muchos estados bajan recursos de los estados para campañas políticas, es decir para la compra de voluntades.
“El Gobierno del Estado tiene una auto mordaza, me preocupa el silencio del estado”, expresó la politóloga María Elena Carrera.
El abogado Juan José Duarte destacó el trabajo de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) y de los periodistas que exhiben la realidad que se vive.
“Se observa un patrón de conducta recurrente, en la narrativa del Gobierno del Sonora, todo está bien pero vemos redes de complicidad, se fomenta la impunidad y la opacidad de la información pública”, dijo el abogado.
El portal contralacorrupcion.mx/operacionsafiro/ muestra la investigación que MCCI documenta en la llamada “Operación Safiro” (así, con “S”, como es su nombre oficial) se desviaron fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para presunto financiamiento de campañas electorales priístas.
En la trama se utilizaron 12 empresas fantasma que –según testigos- estaban “blindadas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Gobierno de Sonora ordena investigación
El Gobierno del Estado, a través del titular de la Secretaría de la Consejería Jurídica, Iván Jaimes Archundia negó un presunto desvío de recursos por parte de la actual administración estatal.
Lo anterior en relación a una nota periodística, derivada de una investigación por parte de la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C”.
Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico, rechazó de manera contundente el supuesto desvío de recursos públicos para financiamiento de campañas políticas.
No obstante ello, dijo, la Gobernadora del Estado giró indicaciones a la Contraloría para que desde esta dependencia se inicie una investigación para no dejar lugar a dudas sobre ese manejo de los recursos, y en caso de ser necesario se deslinden responsabilidades.
En la comparecencia ante el Congreso del Estado, el contralor Miguel Ángel Murillo Aispuro confirmó que se inició una investigación, a fin de determinar si hay o no una responsabilidad.
Murillo Aispuro puntualizó que el Gobierno del Estado, con objeto de conducirse en una vía estrictamente legal, ha girado indicaciones para poner a disposición de la investigación que efectúen las autoridades que correspondan, toda la información que, en su caso, pudiera estar relacionada a la nota periodística.
Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico del Gobierno del Estado, manifestó que no existen indicios de desvíos de recursos públicos, dado que las reglas de operación para obra pública y adquisiciones se aplican de manera estricta y sin dejar lugar a dudas.
El consejero jurídico afirmó que, adicionalmente, hace cinco meses el Gobierno del Estado presentó denuncia formal por una información que se publicó en redes sociales con las mismas presunciones que hoy retoma la Asociación Civil y algunos medios de comunicación.
Derivado de ello, la Fiscalía General del Estado determinó que los servicios prestados por las empresas sí se realizaron.
Sin embargo, agregó, si las empresas recurrieron a estrategias fiscales equivocadas es responsabilidad de las empresas, pero no del Estado.
“Específicamente en relación a esa nota, les quiero comentar que no es ni siquiera consistente, negamos rotundamente y categóricamente que exista alguna suposición relacionada a algún tipo de desvío de recursos, y que finalmente existe una verdad legal, jurídica, y esa verdad jurídica sin lugar a dudas no corresponde en lo más mínimo a la investigación y a las suposiciones periodísticas que nacen de esta nota que se publicó el día de ayer”, aseveró.
El consejero jurídico afirmó que el Gobierno del Estado será siempre respetuoso del ejercicio periodístico y se encuentra en la mejor disposición de dar respuesta a cualquier señalamiento.
“Reconocemos el ejercicio periodístico de cualquier medio que sea, de cualquier organización, sin lugar a dudas creo que eso abona y ayuda a que el ejercicio del poder público siempre que tenga un equilibrio”, apuntó.
“Operación safiro” golpea al gobierno de Claudia Pavlovich added by Román Pineda on
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