Con presidentes independientes, enfrentarán el combate a la corrupción, pobreza, apertura diplomática y nuevas estrategias para abatir las altas tasas de migración

México. – Centroamérica vivió 2019 entre crisis migratorias, elecciones presidenciales que influirán en los giros políticos de la región y un replanteamiento en su relación con Estados Unidos, que en los últimos días del año vuelve su mirada a la subregión y presenta su nuevo plan de desarrollo, “América Crece”, para impulsarlo en 2020.

Los principales retos que enfrentan para los próximos años los nuevos gobiernos con presidentes independientes de los partidos políticos tradicionales, como el caso de El Salvador, serán el combate a la corrupción, a la pobreza y la apertura de su diplomacia internacional.

Otro de los retos será asumir las nuevas estrategias para crear las condiciones para abatir las altas tasas de migración poblacional, principalmente hacia los países del norte de América. En este punto, la seguridad es un rubro fundamental.

En materia de seguridad, el denominado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) cierra el 2019 con altas tasas de homicidios, casi 26 asesinados por cada 100 mil habitantes, según el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En el rubro económico, pese a que los países de la subregión lograrán tasas aceptables de crecimiento en 2019 y 2020, excepto Nicaragua, que registrará cifras negativas, -5,0 por ciento este año y 1,1 el próximo, las perspectivas no son tan halagadoras en el combate a la pobreza y el desempleo.

Costa Rica crecerá este año 3.0 por ciento y el siguiente 3.1; El Salvador 2.5 y 2.6; en tanto Guatemala registrará 3.3 y 2.7; Honduras crecerá 3.6 y el próximo año 3.8 por ciento.

Panamá, una economía de servicios financieros, será el mejor calificado con 5.0 y 5.4 por ciento, de los mayores crecimientos en América Latina, según datos del Banco Mundial.

Nicaragua, un gobierno aislado y sancionado

El caso de Nicaragua ha estado en la palestra internacional debido a la actuación de su gobierno, caracterizado por su autoritarismo sobre los sectores sociales que demandan la democratización del país, nuevas elecciones y el cambio de régimen, que actualmente preside el exguerrillero Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Organismos internacionales han presentado informes y manifestado su preocupación sobre la represión y la violación a los derechos humanos que cometen la policía, paramilitares y grupos afines al gobierno en contra de los sectores de oposición.

En días pasados el Parlamento Europeo emitió una resolución, aprobada con 560 votos a favor, 12 en contra y 63 abstenciones, en donde se demanda al gobierno de Ortega que cese la represión y retome el diálogo político, desmantele a los paramilitares y libere a todos los presos políticos.

Los eurodiputados consideraron que debe activarse la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, y suspender a Nicaragua del acuerdo, debido a que el régimen de Ortega irrespeta los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.

El Parlamento Europeo analizó la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, la cual, según el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, ha generado preocupación entre organismos internacionales.

El representante de la UE destacó que el organismo respeta las decisiones de la ciudadanía en cuanto a la elección de sus gobernantes. Sin embargo, declaró que los gobiernos en turno también deberían proteger los derechos y libertades de la población.

Durante el debate sobre la futura relación de la UE con Nicaragua, el parlamento coincidió en que los intentos por llegar a un acuerdo con Daniel Ortega han fracasado, principalmente en cuanto a la liberación de presos políticos y el restablecimiento de libertades políticas.

La crisis política y social estalló el 18 de abril de 2018 luego de que el gobierno pretendió aumentar las cuotas del seguro social. Desde esa fecha se contabilizan al menos la muerte de casi 400 personas, la mayoría estudiantes y trabajadores, más de mil detenidos, centenares de heridos y decenas de desaparecidos, además de que al menos 60 mil nicaragüenses emigraron, principalmente hacia Costa Rica.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han conminado al gobierno nicaragüense a revisar sus políticas de respeto a los derechos humanos y han hecho varias recomendaciones. Sin embargo, el gobierno de Ortega-Murillo las ha rechazado.

De igual forma, la OEA, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha elaborado informes sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte de la policía y grupos paramilitares afines al gobierno.

Tanto las misiones de la OEA como de la ONU no tienen permitido el ingreso a este país centroamericano. Fueron expulsadas desde mediados de 2018, cuando se registraron las mayores manifestaciones en contra del gobierno.

“Al finalizar 2019 nos encontramos a una dictadura aislada a nivel interno, en un proceso de descomposición en sus filas, descomposición de los mecanismos de poder y descomposición de la base que ha sostenido al Orteguismo”, declaró a Notimex la excomandante sandinista Dora María Téllez.

“Encontramos a una dictadura totalmente aislada a nivel internacional, ya muy de manifiesto en la última reunión del consejo permanente de la OEA”.

“Este aislamiento internacional se ha manifestado en sanciones de Canadá, Estados Unidos y en amenazas de la Unión Europea, que ya aprobó una normativa para ejecutarla”, enfatizó Téllez.

En el plano económico se prevé que en 2020 se incrementen las tasas de pobreza y desempleo, mismas que aumentaron en 2019, según lo estimado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

La FUNIDES sostiene que, debido a una próxima recesión, estimada para 2020, el país experimentará un incremento en las tasas de pobreza y desempleo.

El retroceso económico de Nicaragua podría generar que más de dos millones de habitantes busquen sobrevivir con 60 córdobas diarios, aproximadamente 1.76 dólares. Esto ubicaría a los nicaragüenses en la línea de pobreza y en consecuencia, se podrían alcanzar cifras críticas en materia de desempleo y poder adquisitivo.

Sin embargo, la pobreza no es el único obstáculo que enfrenta la administración de Daniel Ortega. El país centroamericano reporta un imparable crecimiento en las cifras de desempleo. Tan sólo en 2019, FUNIDES reporta que 50 mil nicaragüenses han perdido su trabajo y para 2020 podrían ser muchos más.

Triángulo del Norte, un destino común

Los países integrantes del Triángulo del Norte tienen un destino común, principalmente en los temas de migración y en ser beneficiarios del estatus especial a sus connacionales en territorio estadounidense, así como en estar próximos a recibir los beneficios del plan de Washington “América Crece”.

En la actualidad, en territorio estadunidense residen unos 3.5 millones de centroamericanos. De estos, el 86 por ciento proviene de los países del Triángulo Norte. Los inmigrantes del istmo centroamericano forman parte del nueve por ciento del total de los casi 50 millones de inmigrantes en Estados Unidos.

“Será importante observar cómo se implementarán en 2020 los acuerdos de terceros países seguros en un contexto electoral en el que Trump presumirá ante su electorado la detención de los flujos migratorios, a costa de la violación de los derechos humanos de los propios migrantes y ante las incapacidades institucionales que tienen los centroamericanos de fungir como países seguros”, declaró a Notimex el investigador Tomás Milton Muñoz, director de la Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los países del Tríangulo Norte son los principales expulsores de migrantes hacia el norte de América, aunque en el año que termina bajó el número que ingresó a territorio estadounidense ante las duras políticas de Donald Trump, el freno en la frontera con México y la aceptación de algunos países del istmo como “país seguro”, entre ellos Guatemala, que firmó un acuerdo con Washington en este rubro.

“Tenemos una excelente relación con Guatemala. Tenemos el tema de la frontera y es el acuerdo que hemos firmado y es algo muy positivo no solo para Guatemala sino para Estados Unidos”, dijo Trump al entrevistarse en días pasados con el presidente guatemalteco Jimmy Morales.

“Tenemos excelentes relaciones con El Salvador y Honduras. Con México, que tiene 27 mil soldados en la frontera para protegerla. Estamos construyendo el muro. Tenemos cien millas y para fines de 2020 esperamos tener 400 millas”.

En esa ocasión, Morales pidió a Trump cien mil visas para trabajadores, esclarecer la muerte de niños migrantes y acceso a nuevos productos agrícolas al mercado norteamericano.

“Para nosotros es un verdadero honor tener a Estados Unidos como nuestro principal socio y aliado en temas comerciales y de seguridad. Estamos muy interesados en volver todos los temas de migración en un tema legal que bajo ninguna circunstancia ponga en riesgo la vida de menores y poblaciones vulnerables”, declaró Morales.

Morales entregará el poder en 2020 al médico conservador Alejandro Giammattei, quien ya anunció una futura limpieza en el aparato estatal, la intensificación de la lucha contra el narcotráfico y nuevas políticas económicas, para combatir la pobreza.

Es una vergüenza que 10 aviones a la semana estén aterrizando en el territorio nacional, es una vergüenza que seamos vistos como un país que promueve el narcotráfico, manifestó recientemente Giammattei, quien asumirá la presidencia del país el próximo 14 de enero.

En el año que termina el ejército ha localizado al menos 47 pistas clandestinas de aterrizaje de aeronaves. Se presume que han sido utilizadas para el trasiego de drogas por parte de los grupos delictivos, revelaron este mes voceros de la institución castrense.

El Salvador abandona a la izquierda guerrillera

Por otra parte, El Salvador verificó a mediados de este año un cambio de gobierno y también de modelo y políticas, tanto internas como externas, con la llegada del joven empresario de 37 años Nayib Bukele, quien gobernará hasta 2025.

Bukele ganó la presidencia con la bandera del combate a la corrupción y desplazó a los gobiernos del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que había estado en el poder los últimos 10 años, el primer período con el periodista Mauricio Funes y el segundo con el excomandante Salvador Sánchez Cerén, uno de los firmantes de los acuerdos de paz en 1992.

El nuevo presidente, Bukele, inició de inmediato una limpia en las instituciones estatales de los funcionarios ligados al FMLN, y prometió un combate a la corrupción en todos los órdenes. En política exterior reanudó sus relaciones con China, país que visitó este mes y con el que firmó importantes proyectos de cooperación bilateral.

A Bukele le espera una intensa tarea para lograr la seguridad en el llamado “Pulgarcito de América”. Con tan sólo 21 mil kilómetros de territorio nacional, en ese marco le toca enfrentar a las pandillas denominadas “maras”, que contando con miles de adeptos han llegado a controlar importantes zonas de este país centroamericano, que registra una de las más altas tasas de asesinatos en América Latina.

De enero a julio de 2019 el Salvador registró la cifra de mil 729 homicidios, más de 240 personas asesinadas por mes. Aunque significa un 17.6 por ciento menos que la cifra registrada en el mismo período de 2018, cuando rebasaron los dos mil asesinados, sigue siendo una cifra escandalosa, señaló en un informe la presidencia salvadoreña.

Sin embargo, “El Salvador termina el año con el fortalecimiento de grupos del crimen organizado, entre ellos la Mara Salvatrucha y la MS-13, así como la consolidación de la presencia de carteles de la droga mexicanos”, puntualizó Milton Muñoz, también investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM.

Estados Unidos y su nuevo plan “América Crece”

Donald Trump presentó a finales de diciembre su nuevo “plan Marshall” de desarrollo para la región denominado “América Crece”, dirigido a la generación de empleos, la reactivación del crecimiento económico y proyectos de infraestructura con participación de la empresa privada.

En el caso concreto de Centroamérica se informó que será a principios de 2020 cuando se presente un plan subregional, el cual será diseñado para los países del Triángulo del Norte y contará con el apoyo de México.

“Es la primera iniciativa de esta magnitud dirigida al sector privado en que se usan las herramientas del siglo XXI, con garantías de préstamos y asistencia técnica para catalizar la ventaja competitiva que tiene el sector privado y sistema financiero del país norteamericano”, señaló Mauricio Claver-Carone, asesor especial de Trump.

Aseguró que la diferencia de este plan subregional es que será “más definido en cuestión de proyectos y tendrá otros métodos y herramientas del gobierno federal que actualmente no se utilizan en los temas de financiamiento para proyectos de energía e infraestructura”.

Los organismos centrales que integran “América Crece” son el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Energía, así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros, se detalló.

El año 2020 será importante para ver si las relaciones comerciales y de cooperación de México con Centroamérica serán realidad o simplemente se quedan en buenas intenciones. El plan de Desarrollo México-Centroamérica carece de recursos suficientes ante la inciativa de Washington de lanzar su plan “América Crece”, puntualizó Muñoz.

En este marco, a Centroamérica, después de haber superado las guerras de liberación escenificadas a finales del siglo pasado, ahora se le presentan varias asignaturas pendientes que tendrá que resolver. como la migración de sus poblaciones, el desempleo, la pobreza y la seguridad.

Felipe Jaime / Notimex

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