La HB 20 representa un reto directo a la autoridad de arresto y expulsión de indocumentados

Houston, TX. – El pasado 10 de marzo de 2023, el representante Matt Schaefer (R) presentó en la cámara baja de la Legislatura estatal de Texas la iniciativa HB 20 Ley para la Unidad de Protección Fronteriza.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo del presidente de la cámara, Dade Phelan, y al menos la mitad de los legisladores republicanos se han sumado como patrocinadores de la iniciativa. Pese a ello aun no es claro si la propuesta logrará completar el proceso legislativo.
Entre las medidas que contiene la iniciativa destacan:
— Creación de una unidad de oficiales estatales facultados para “repeler” y arrestar a los migrantes que cruzan la frontera fuera de un puerto de entrada.
— Autoriza a reconocer como miembros de la unidad a civiles siempre que sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes o tengan experiencia en la aplicación de la ley.
— Concede inmunidad penal y civil a los miembros de la unidad por cualquier acción tomada que esté autorizada dentro de esta ley.
— Otorga autoridad para que los miembros de la unidad devuelvan a los migrantes a territorio mexicano si se les ve cruzando la frontera.
— Establece penas de hasta 10 años de prisión por cruzar ilegalmente el límite fronterizo.
— Permite a los jueces locales ordenar medidas de seguimiento electrónico como condición para obtener libertad bajo fianza por delitos menores.
La bancada republicana de Texas ha asegurado que aprobar esta iniciativa es una prioridad, dado que el objetivo final no es su implementación definitiva, sino probar los límites que pueden alcanzar los estados para la aplicación de políticas de control migratorio.
La HB 20 representa un reto directo a la autoridad de arresto y expulsión de inmigrantes indocumentados. En 2012, cuando la Suprema Corte votó en contra de la iniciativa SB 1070 de Arizona la cual otorgaba autoridad a la policía estatal para aprehender migrantes indocumentados, los jueces resolvieron que dicha prerrogativa estaba reservada para las autoridades federales.
En caso de que la HB 20 se promulgara, existe una alta probabilidad de que la Administración Biden demande a Texas ante la Corte Suprema. Sin embargo; el fondo jurídico de esta iniciativa es diferente a la de Arizona y abriría el espacio para una nueva argumentación, quizá de mayor profundidad.
Los jueces rechazaron la iniciativa de Arizona argumentando que la policía estatal no tenía autoridad de arresto basada únicamente en el estatus migratorio de las personas. La propuesta texana en cambio no trata de abrogarse dicha autoridad, sino que descansa la justificación de las medidas propuestas en la “cláusula de invasión”.
La cláusula de invasión está contenida en el artículo IV de la Constitución de Estados Unidos, puede ser invocada por los estados y dado que no tiene nada que ver con la aplicación de leyes migratorias daría la oportunidad para que la iniciativa texana se discutiera en la Corte Suprema.
La cláusula de invasión fue recientemente invocada por el gobernador Gregg Abbott para impulsar medidas de seguridad fronteriza. (ver)
Adicionalmente, no debe perderse de vista que, si la HB 20 se aprueba y su implementación se somete al juicio de la Corte Suprema, su derrota no puede darse por descontada. La recomposición en el perfil ideológico del tribunal – tendiente al pensamiento conservador – que se consolidó con las nominaciones impulsadas durante el mandato de Donald Trump, abre espacios para una discusión en la que las prerrogativas de los estados podrían favorecerse sobre las del gobierno federal.
Para México esta propuesta representa un reto mayor en medio de la crisis migratoria que actualmente se está enfrentando. La iniciativa texana autorizaría a los miembros de la nueva unidad estatal a devolver migrantes indocumentados con independencia de su nacionalidad.
Actualmente, si un deportado no es ciudadano mexicano, las autoridades federales estadounidenses deben negociar con sus contrapartes mexicanas para determinar en qué cantidad y de qué nacionalidades México estaría dispuesto a aceptar deportados.
El gobierno de López Obrador debe manejar actualmente un flujo de hasta 30 mil migrantes por mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, al que se comprometió de manera voluntaria y sin pedir a cambio alguna clase de compensación para poder administrar de mejor manera esas poblaciones flotantes.
Si la HB se consolida y su implementación no es hundida en la Corte Suprema esos flujos de migrantes podrían crecer exponencialmente.

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